Cuatro años y ocho meses de prisión para dos camioneros por intentar sacar 35 toneladas de acetato de etilo

La Justicia federal de Salta condenó a Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García a cuatro años y ocho meses de prisión. Ambos intentaban sacar del país 35.144 kilos de acetato de etilo, un solvente controlado que puede utilizarse en la elaboración de clorhidrato de cocaína. Los dos son conductores de camiones de nacionalidad boliviana.

La sentencia fue homologada el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta. Los condenados aceptaron las penas propuestas por el fiscal federal subrogante Marcos Romero, de la Sede Descentralizada Orán, mediante acuerdos plenos. Fueron declarados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada, en grado de tentativa, y del ingreso de esas sustancias a zona de frontera sin autorización.

Cómo se detectó el cargamento

El hecho fue descubierto el 16 de marzo de 2026. Personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en Salta. Los vehículos transportaban 191 tambores: 95 en uno y 96 en el otro, con un total de 35.144 kilos de acetato de etilo.

• La documentación indicaba que la carga debía salir por el paso de Salvador Mazza con destino a Cochabamba.
• Los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas.
• Al cotejar los permisos con el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), los investigadores comprobaron que las patentes no estaban habilitadas para esa operación.

La adulteración y el peritaje

Según determinó la fiscalía, la autorización había sido adulterada. Alguien incorporó las patentes de los camiones a un documento con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado, con el objetivo de darle apariencia de legalidad al traslado. Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que la sustancia era acetato de etilo, incluido en el listado del Renpre por su potencial uso en el refinamiento de clorhidrato de cocaína.

La investigación tuvo alcance internacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas, lo que permitió incorporar documentación de un allanamiento al expediente.