La Justicia procesó a Raúl Martins con prisión preventiva y trabó un embargo por 300 millones de pesos

La Justicia federal avanzó sobre el expediente de Raúl Martins. La jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, resolvió procesarlo con prisión preventiva como presunto autor del delito de lavado de activos y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según confirmaron fuentes judiciales.

Martins, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de 77 años, quedó bajo investigación por su participación en una serie de operaciones destinadas a incorporar al circuito económico legal dinero que, según la hipótesis del juzgado, provenía de la explotación sexual de mujeres.

Una causa con origen en una denuncia anónima

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, luego de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. A partir de ese aviso, la pesquisa se extendió a otros nueve establecimientos y terminó conformando un extenso legajo con pruebas documentales, testimoniales y registrales.

Según lo que trascendió, la magistrada consideró que existían elementos suficientes para sostener la acusación y avanzar con el procesamiento. En su resolución, explicó que una sociedad creada con anterioridad al delito investigado puede ser utilizada después para administrar u ocultar fondos de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no alcanzaba para descartar las maniobras atribuidas.

La discusión por las fechas y el descargo de la defensa

Durante la indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En ese descargo sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen —vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades— correspondían a los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012.

De acuerdo con su planteo, esas fechas eran anteriores al período que la propia Justicia habría dado por acreditado para el delito de explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014. Además, afirmó que ese antecedente se reducía al local de Villa General Mitre y que las acusaciones sobre los otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

“La fecha de creación de una persona jurídica no es, por sí misma, un impedimento para que sea utilizada con posterioridad en maniobras de lavado. Lo que se analiza es la trazabilidad de los fondos y el control efectivo de los bienes.”Criterio volcado en la resolución de la jueza Servini

Sociedades, familiares y control efectivo

En la resolución, Servini evaluó de manera conjunta la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del imputado. Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de esa estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final en los registros.

La extradición y el tramo que se viene

Martins había sido detenido en México en 2019. Su traslado desde Cancún estuvo a cargo de personal de fuerzas de seguridad federales argentinas, en el marco de un pedido de captura internacional con fines de extradición. Ahora, con el procesamiento firme y la prisión preventiva confirmada, la causa queda en instancia deElevar a juicio oral o, eventualmente, sujeta a las apelaciones que la defensa pueda presentar ante la Cámara Federal.

Desde el entorno del exagente adelantaron que agotarán las instancias recursivas para revertir el procesamiento. Mientras tanto, Martins permanece detenido y sus bienes, por el monto fijado en la resolución, quedaron afectados a la eventual reparación del daño y al pago de costas del proceso.

• Procesamiento con prisión preventiva por lavado de activos.
• Embargo sobre bienes por 300 millones de pesos.
• Investigación centrada en 26 operaciones con sociedades y propiedades.
• Discusión central entre la defensa y el juzgado: fechas de las maniobras vs. período del delito de explotación sexual.
• Causa originada en una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad en marzo de 2013.
• Imputado extraditado desde México, donde estuvo detenido desde 2019.