Son las cinco de la tarde en un hospital público de Buenos Aires y la guardia general vuelve a estar colapsada. Esta vez no es por una emergencia clásica: un paciente con dolor de pecho o un accidentado. El motivo de la consulta, en casi un tercio de los casos, es otro. Son personas que llegan angustiadas, sin dormir, con crisis de ansiedad o con un cuadro depresivo que ya no pueden manejar solas en la casa. Es una escena que se repite, con variaciones, en todo el país, y que ahora tiene números concretos que la respaldan.

Las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año en Argentina, y las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses. Así lo refleja un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, que reunió información de las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Esas jurisdicciones, sumadas a Entre Ríos y Río Negro, que también participaron del encuentro, representan más del 70% de la población argentina.

Quiénes están llegando al sistema público

El informe describe un cambio de perfil que las autoridades provinciales conocen de memoria: cada vez consultan más niñas, niños y adolescentes, y cada vez llegan más personas que perdieron la cobertura de su obra social o su prepaga y terminaron recalando en el hospital público. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en guardias hospitalarias corresponde hoy a problemas de salud mental. No es un dato aislado: es la radiografía de un sistema que se está convirtiendo, queriendo o no, en el principal proveedor de respuestas para un malestar que atraviesa a toda la sociedad.

Se amplió la red, pero no alcanza

• Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales de todo el país.
• Trece de las 14 provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos.
• A pesar de esa expansión, las autoridades provinciales reconocieron que esas capacidades están sobreexigidas frente a una demanda que no cesa, y que existen dificultades serias para completar los equipos con disciplinas críticas.
• Como prioridades urgentes, las provincias identificaron aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad.
• También reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, que en los últimos años se debilitó.

El informe fue presentado en el Senado, en pleno debate por una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon, con preocupación, que la propuesta que se discute en el Congreso elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. Es un punto central: de nada sirve diagnosticar el problema si después no hay con qué responder.

“La demanda no para de crecer y los dispositivos están sobreexigidos; hacen falta más profesionales, más camas y un financiamiento sostenido para que el sistema público pueda hacerse cargo.”Síntesis de los planteos de las autoridades sanitarias provinciales ante el Senado

Lo que queda en el aire, y lo que a mí, como periodista y como ciudadana, más me preocupa, es que estamos ante un problema que ya dejó de ser excepcional para volverse cotidiano. Las cifras no son un dato frío: detrás de cada internación hay una familia que no pudo más, un adolescente que pidió ayuda tarde, un adulto mayor que se quedó sin red. Si el Estado no garantiza equipos completos, medicamentos y dispositivos territoriales suficientes, el agujero se va a seguir agrandando. La ley que se discute en el Congreso puede ser una oportunidad para reforzar el sistema o para debilitarlo: depende de que el financiamiento vaya de la mano de las garantías, y de que nadie se haga el desentendido con lo que estos números están contando.