Chaco debate una red provincial de salud mental que promete llegar al territorio y no soltar la mano después de la crisis

En Resistencia, mientras la mañana se va acomodando sobre la plaza central y los colectivos descargan pasajeros en la puerta de la Legislatura, un grupo de legisladores empieza a discutir algo que, hasta hace poco, parecía condenado al papel: cómo organizar de una vez por todas la salud mental pública en el Chaco. Lo que está sobre la mesa es un proyecto de ley que crea la Red Provincial de Salud Mental Comunitaria, una estructura que no parte de cero pero que pretende terminar con el mapa disperso de servicios que hoy depende más de la buena voluntad de cada profesional que de una política de Estado.

La idea de fondo es sencilla y, a la vez, ambiciosa: en lugar de sumar parches, articular lo que ya existe. Psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y acompañantes terapéuticos pasarían a integrar equipos interdisciplinarios distribuidos en nodos regionales, alineados con las regiones sanitarias que ya funcionan en la provincia. Cada nodo debería relevar la situación de su población, mapear los servicios disponibles y empezar a derribar las barreras de acceso que hoy dejan a buena parte de los chaqueños sin atención o con una atención a los tropezones.

Atención cerca de la gente y seguimiento obligatorio después de la crisis

Lo que el proyecto dibuja es un sistema que se mueve: consultas ambulatorias, visitas domiciliarias, intervenciones en crisis, centros comunitarios, hospitales de día, espacios de rehabilitación psicosocial y dispositivos de acompañamiento familiar, con un ojo puesto en la integración educativa, laboral y social. Pero hay un punto que, mirándolo bien, cambia la lógica con la que se suele atender: después de una internación o de una crisis severa, ninguna persona debería quedar dando vueltas sola por el sistema.

Para eso, la iniciativa obliga a elaborar un Plan Individual de Cuidados en los casos que lo requieran, con un equipo responsable asignado y un abordaje que contemple no solo al paciente sino a su familia y a su entorno comunitario. Es, en la práctica, la diferencia entre derivar a alguien a la nada y garantizar que haya un equipo que se haga cargo del recorrido hasta que la persona pueda sostener su vida cotidiana.

Guardias todo el año y un capítulo entero dedicado al suicidio

El otro eje fuerte es la atención de las urgencias. El proyecto propone una estrategia provincial de crisis disponible las 24 horas, los 365 días del año, con protocolos que cada región deberá adaptar: cómo recibir la consulta, cómo evaluar al paciente, cómo actuar cuando hay riesgo y, sobre todo, cómo asegurar la continuidad del tratamiento una vez pasado el pico de la emergencia.

La prevención del suicidio tiene un lugar propio dentro del texto. La propuesta busca integrar los programas provinciales que ya están en marcha, priorizar el seguimiento de las personas en situación de riesgo y desarrollar acciones de posvención para quienes quedan atravesando un duelo de este tipo. También prevé capacitación para los trabajadores de los servicios involucrados, un punto clave porque, como se insiste cada vez que se debate el tema, sin equipos formados no hay red que funcione.

Qué pasa si se aprueba y cuánto tarda en verse

• Si la Legislatura chaqueña convierte el proyecto en ley, el Ministerio de Salud tendrá 180 días para presentar un plan de implementación con metas a cinco años.
• Ese plan deberá incluir la conformación efectiva de los nodos regionales, la designación de los equipos interdisciplinarios y los protocolos de atención de crisis.
• La obligatoriedad del Plan Individual de Cuidados regirá para todos los casos definidos como críticos o posteriores a una internación, según los criterios que fije la reglamentación.

Mientras los despachos de la Legislatura mueven el expediente, vale la pena mirar lo que está en juego. En el Chaco, como en buena parte del norte argentino, la salud mental sigue siendo la hermana menor del sistema sanitario: pocas veces aparece en los presupuestos, muchas veces queda atada a la vocación de un profesional aislado y casi siempre se le pide a la familia que haga el trabajo que el Estado no garantiza. Un proyecto como este no resuelve por sí solo esa deuda, pero al menos obliga a ponerla en una hoja de ruta con plazos y nombres concretos. Por ahora, es una promesa escrita; lo que sigue depende de que deje de serlo. Yo, mientras tanto, voy a seguir mirando de cerca cada movimiento de este expediente, porque cuando se habla de salud mental, la diferencia entre una ley bien hecha y una ley cajonera es literalmente una vida.