Cuatro años y medio de prisión para un enfermero rosarino que vendía fentanilo y otras drogas hospitalarias por redes sociales

La Justicia federal de Rosario condenó a Luis Benavídez, enfermero del Policlínico PAMI II, a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. La pena incluye, además, una inhabilitación por el mismo período para ejercer la enfermería y para ocupar cargos públicos, según se informó.

El fallo se conoció tras un acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. El enfermero reconoció los hechos, su participación, las pruebas reunidas por la acusación, la calificación legal y la pena solicitada. El juez federal de garantías Carlos Vera Barros homologó ese convenio en una audiencia llevada a cabo el 4 de septiembre, cuya anualidad no fue precisada por las fuentes consultadas.

Los cuatro delitos acreditados

• Comercio de estupefacientes, por la venta de fentanilo.
• Comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, a raíz del bromuro de vecuronio.
• Hurto.
• Tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, por una pistola secuestrada en uno de los allanamientos.

De acuerdo con la investigación, Benavídez se desempeñaba en el Policlínico PAMI II desde 2014 y obtenía allí las sustancias que luego ofrecía por redes sociales. Los mensajes analizados por la fiscalía daban cuenta de un esquema de venta con coordinación de entregas y pagos para consumo recreativo.

El expediente se originó tras la muerte de un comprador

La pesquisa federal se abrió a partir de la denuncia presentada por el padre de un hombre de 37 años, hallado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023. El hombre había presentado el celular y documentación ante la Unidad Fiscal Rosario y señaló que su hijo adquiría fentanilo y otras sustancias a un enfermero.

El expediente penal por el fallecimiento había sido archivado en la justicia provincial. La autopsia no logró determinar una causa de muerte y el laboratorio no contaba con las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio. Si bien no se descartó un origen toxicológico, el resultado no permitió atribuir el deceso a una sustancia específica.

La fuerza interviniente trabajó a partir de los mensajes y audios extraídos del teléfono del fallecido, lo que permitió reconstruir la mecánica de las ventas. Con esas pruebas, la fiscalía encuadró la conducta en la Ley de Estupefacientes y en las figuras de hurto y tenencia irregular de arma de fuego.

La condena se encuentra firme en lo que respecta al acuerdo homologado. La próxima instancia estará dada por el cumplimiento de la pena de prisión efectiva y por el inicio del período de inhabilitación profesional y para cargos públicos, cuya duración se extiende en paralelo a los cuatro años y seis meses establecidos en el fallo.