Esperas de meses para una rehabilitación, una prótesis o el certificado que abre la puerta a un derecho en Córdoba

Son las nueve de la mañana de un martes cualquiera y en la puerta de uno de los hospitales pediátricos de la ciudad de Córdoba ya hay una fila de padres y madres con el número en la mano y la carpeta bajo el brazo. Vienen a sacar un turno que, según les anticiparon en ventanilla, recién se va a abrir en dos o tres meses. Vienen a iniciar el trámite del Certificado Unico de Discapacidad, ese papel que después les permite acceder a terapias, prótesis, medicamentos y apoyos escolares. Vienen, sobre todo, con la sensación de que el tiempo corre del lado equivocado: mientras su hijo espera, la cobertura también espera. Esa escena, repetida en distintos puntos de la provincia, es la que retrata el informe que la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el 5 de octubre de 2026 y que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: cuánto puede esperar una persona cuando el sistema que tiene que responderle funciona al ritmo de la paciencia.

El trabajo, elaborado con entrevistas y grupos focales, no es una medición estadística de todos los casos pero describe experiencias concretas y las ordena. Para dimensionar lo que cuenta, alcanza con leer los plazos: conseguir un turno en las juntas evaluadoras puede demandar entre dos y tres meses, acceder a una prótesis o a ciertos medicamentos entre cuatro y nueve meses, y entrar a un centro de rehabilitación entre nueve y catorce meses. Son cifras que la Defensoría recogió de los propios protagonistas y de los prestadores, y que el defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, Carlos Galoppo, se encarga de enmarcar.

Cuando la espera se paga en pesos y en horas de cuidado

En el mientras tanto, las familias arreglan como pueden. El informe registra que muchas sostienen durante años la atención por su cuenta, con sesiones particulares, viajes en remise y aportes para apoyos escolares. Una de las madres entrevistadas contó que, después de casi dos años de pagar terapia privada, todavía tiene que desembolsar entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones para sostener el tratamiento de su hijo. A ese costo se le suma el tiempo: el documento describe una carga de cuidados que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, con testimonios de mamás que achicaron su jornada laboral, resignaron ingresos o directamente dejaron de trabajar para acompañar a sus hijos en traslados, trámites y rehabilitaciones.

“Los plazos que vemos en los relevamientos van de los dos a los tres meses para un turno de certificación, de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para acceder a centros de rehabilitación. Son tiempos que pesan sobre las familias y sobre los profesionales.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto de Córdoba

• La Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de ellos pediátricos, y la espera para un turno ronda los dos a tres meses.
• El acceso a prótesis y medicamentos puede demorar entre cuatro y nueve meses, mientras que el ingreso a centros de rehabilitación se estira de nueve a catorce meses.
• Mientras esperan la cobertura, las familias financian terapias, traslados y apoyos escolares, con desembolsos mensuales que pueden superar los 180.000 pesos.
• Los pagos de obras sociales y programas estatales a los prestadores acumulan atrasos de varios meses y, en algunos casos, de hasta un año.
• Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225 por ciento, la inflación acumulada fue del 336 por ciento, la nafta súper aumentó un 559 por ciento y el valor reconocido por kilómetro, un 231 por ciento.

Esa última foto económica es la que la Defensoría usa para explicar la otra cara de la demora: la de los prestadores. Centros de rehabilitación, profesionales y transportistas que atienden a personas con discapacidad reciben aranceles que, actualizados, quedaron muy por debajo de la inflación y de los costos reales. El documento lo traduce en una frase que recorre sus páginas: cuando los números no cierran, los servicios se achican. Y cuando los servicios se achican, la espera se estira un poco más.

Yo no conozco a las familias que aparecen en este informe, pero conozco a varias que se le parecen. Madres que calculan cada mes cuánto pueden pagar en sesiones y cuánto en boletos, padres que acomodan sus horarios de trabajo alrededor de un turno que todavía no tiene fecha, adolescentes que esperan una silla de ruedas mientras la que tienen se rompe un poco más cada semana. El certificado, la prótesis, la rehabilitación, el medicamento: cuatro palabras que en los papeles suenan a trámite y en la vida de estas personas funcionan como una puerta que se abre o se cierra según la velocidad con la que se mueva el Estado. Por eso, más allá de los números, lo que deja este relevamiento es una pregunta que nos incluye a todos: cuántos meses más está dispuesta a esperar una sociedad que dice, en sus leyes y en sus discursos, que la discapacidad es un derecho y no un favor.